El Ayuntamiento de Moguer consigue reducir la deuda de 3 millones pretendida por Aqualia a tan sólo 300.000 euros

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El Ayuntamiento ha conseguido reducir en un 90% la reclamación realizada por Aqualia tras la firma del contrato de suministro con el anterior gobierno del partido popular. Gracias a la gestión del equipo de gobierno encabezado por el alcalde Gustavo Cuéllar, la sentencia del TSJA contempla una indemnización de sólo 304.000 euros, y no de los casi 3 millones de euros que reclamaba la empresa.

El primer mandatario local ha manifestado su “satisfacción porque la justicia haya dado la razón al Ayuntamiento en contra de las desorbitadas pretensiones de la empresa a la que el gobierno popular adjudicó los servicios del ciclo integral del agua en lo que fue a todas luces una gestión nefasta para los intereses de nuestro municipio”.

"Afortunadamente", insistía Cuéllar, "la reclamación por vía judicial de 2,4 millones de euros más los intereses que realizó Aqualia, fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de manera que el Ayuntamiento sólo tendrá que asumir para la ejecución de la sentencia el pago de 304.000 euros, correspondientes al incremento legal del IPC, lo que supone en torno al 10% del importe total que se nos reclamaba”.

La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía viene a rechazar las reclamaciones de Aqualia porque según consta literalmente“… el contrato se firma a riesgo y ventura. Pretender que la administración corra con todos los riesgos parece excesivo.”

El origen de este pleito se remonta al contrato firmado en 2010 entre FCC Aqualia S.A. y el Ayuntamiento de Moguer, gobernado entonces por el partido popular, mediante el que se concedió el servicio de gestión de aguas a dicha entidad por la vía de urgencia. En el contrato se recogía la posibilidad de compensar a la empresa concesionaria porque ésta no alcanzase los beneficios esperados, cláusula en la que se basó Aqualia para iniciar su demanda contra el Ayuntamiento, y contra la que se pronunció en su sentencia el TSJA.

Desde que Aqualia comenzase a prestar servicio no han cesado sus exigencias de subida del recibo del agua como compensación por la insuficiente facturación obtenida, según una cláusula incluida en el contrato. La empresa argumentaba dicho débito por errores en la facturación perjudiciales para sus intereses, que se habrían originado a partir de datos erróneos aportados por el Ayuntamiento sobre consumo en Ciparsa y comunidades de regantes.

“Para nosotros”, insistía el alcalde de Moguer “estaba claro que no era Aqualia quien podía exigirnos de ninguna manera esta deuda, sino que debía ser un juez el que se pronunciase al respecto, un juez que ahora nos da plenamente la razón al exigirnos tan sólo el incremento legal del IPC en el recibo, y no las desproporcionadas subidas que nos exigía la empresa basándose en el contrato firmado con el grupo popular”

Cuéllar ha recordado también que “durante el pleno en el que se aprobó la moción del Ayuntamiento contra esta desorbitada demanda de Aqualia, el grupo popular municipal no la apoyó, pese a que suponía intentar poner freno a lo que hubiese supuesto una verdadera sangría para las arcas del consistorio”.

Para Cuéllar “seguimos sufriendo las consecuencias de la mala gestión del partido popular con relación a la concesión del agua a una empresa privada en unas condiciones desfavorables claramente a los intereses municipales, que ha llegado a poner en peligro la propia estabilidad económica de nuestro Ayuntamiento y que, afortunadamente, gracias a las gestiones del actual equipo de gobierno, hemos conseguido reducir en un 90% ”.

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